Los derechos de exportación constituyen una herramienta fiscal que ha sido aplicada de manera sistemática en Argentina, la cual genera efectos distorsivos sobre la producción primaria, donde los márgenes productivos son más ajustados.

Durante la campaña 2024/25, los productores agrícolas entrerrianos se vieron privados de percibir 446 millones de dólares debido a la vigencia del impuesto. La baja en las alícuotas en la presente campaña se da en un contexto donde la soja proyecta la mayor producción en las últimas diez campañas. Para la campaña 2025/26, si los rendimientos son iguales al promedio de los últimos cinco años, se estima que dichos ingresos no percibidos alcanzarán los 371 millones de dólares.

Por otra parte, la medida tomada por el Estado Nacional de extender hasta el 31 de marzo de 2026 la alícuota del 9,5% en trigo y cebada, tendría un impacto levemente positivo para los productores entrerrianos, los cuales incrementarían sus ingresos en términos agregados en torno a 12 millones de dólares. Estos valores se dan a partir de los rendimientos presentados por el trigo durante las últimas cinco campañas y la intención de siembra presentada en la actualidad.

Además, si se considera las últimas quince campañas de los cultivos soja, maíz y trigo, la provincia acumuló un total de 6.994 millones de dólares, lo que supone un promedio de 466 millones de dólares en ingresos no percibidos para los productores a lo largo de los últimos 15 años. Así reza un informe de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, que cuantifica el impacto económico que los derechos de exportación sobre los productores agrícolas de la provincia de Entre Ríos.

El valor promedio por campaña sería equivalente a cerca de 3.700 tractores de entre 101 y 200 hp (según el último dato publicado por INDEC), a alrededor de 479.000 vaquillonas con garantía de preñez (de acuerdo con precios promedio publicados por ROSGAN) y equivale a más de 1.500 galpones de pollos avícolas o más de 400 galpones de gallinas ponedoras de última generación por campaña.

Que el ingreso fiscal de los derechos de exportación sea no coparticipable, significa que la transferencia de ingresos desde el circuito productivo al Estado Nacional no llegue a las provincias ni a los municipios. Estos casi 500 millones de dólares por campaña representan recursos que podrían destinarse a mejorar la eficiencia y sustentabilidad del sistema productivo, impulsar el agregado de valor local, infraestructura rural, como caminos, la asistencia técnica y los servicios básicos.