En los últimos 21 años, el agro aportó más de USD 150.000 millones en concepto de derechos de exportación (a precios de septiembre de 2024 y considerando únicamente los principales productos exportables: complejo sojero, maíz y trigo).

La recaudación proveniente de este tributo alcanzó los valores más elevados durante los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner en un contexto de elevados precios de los granos. En segundo lugar, la gestión que más recaudó fue la de Alberto Fernández, promediando USD 29.900 millones. Le sigue la administración de Mauricio Macri, que, en promedio fueron USD 22.257 millones de USD y en cuarto lugar Néstor Kirchner con USD 18.790 millones. Mientras que, en lo que va del 2024, la gestión de Javier Milei lleva recaudando en concepto de DEX USD 5.680 millones.

La Bolsa de Cereales de Córdoba hizo un semblante sobre el impacto del tributo. Los derechos de exportación disminuyen el precio recibido por el productor que, expresado en quintales por hectárea (qq/ha), representan una transferencia de ingresos hacia el Estado Nacional por el equivalente a 14 qq/ha en el caso de la soja (1400 kg/ha), 10 qq/ha en el maíz (1000 kg/ha) y 4 qq/ha para el trigo (400 kg/ha), considerando las alícuotas vigentes.

En Argentina más del 70% de la producción de granos es llevada a cabo en campos arrendados. Este costo en Córdoba promedia los 11,5 quintales de soja por hectárea y el contrato más utilizado es a quintales fijos de soja por hectárea. A raíz de esto, gran parte de los productores deben afrontar un arrendamiento independientemente del resultado que obtengan durante el ciclo productivo.

La rentabilidad de los productores de cara a la campaña 2024/25 enfrenta una situación delicada debido al escenario bajista en los precios internacionales. En el caso de la soja, del total de ingresos que se generan de una hectárea en Córdoba, el productor no recibe ningún tipo de ingreso luego asumir el riesgo de realizar la inversión y producir. Mientras que, la mayor parte de lo generado, se lo lleva el Estado Nacional mediante los derechos de exportación.

De esta manera, los ingresos que genera una hectárea de soja (precio de exportación por rendimiento promedio), el 33% se lo lleva el Estado Nacional, el 27,4% los costos directos de producción, el 27,1% el arrendamiento y el 13,7% los gastos comerciales (transporte y acondicionamiento). Por lo tanto, con los precios a cosecha vigentes, el resultado para la producción de soja en campo arrendando sería negativo considerando un rendimiento promedio.