La comisión de enlace de entidades agropecuarias presentó sus “propuestas del campo y la producción” que entregaran a los candidatos. Uno de los puntos centrales destaca “Nuestras actividades requieren un esquema tributario basado en impuestos a la renta, por eso necesitamos que se dejen de lado herramientas distorsivas como ingresos brutos, impuesto al cheque, impuestos de sellos, impuestos a la masa salarial, tasas estadísticas en los insumos importados”, entre otros.
“Proponemos un nuevo esquema tributario que incluya incentivos fiscales especiales para los productores de menor escala, PYMEs, economías regionales y situaciones de emergencia”. Debe evitarse que los impuestos se cobren por adelantado, bajo la prerrogativa de pagos a cuenta.
Asimismo, los mínimos no imponibles deben adecuarse a la variación de precios, permitirse el ajuste por inflación impositivo, de manera de evitar pagar impuestos generados por la inflación y por resultados por tenencias. El Acuerdo Fiscal Nación-Provincias debe implementarse en todas las jurisdicciones. Deben eliminarse a la brevedad las medidas de algunas provincias que, en los hechos, funcionan como aduanas internas.
Con respecto a las retenciones propugnamos dejar de lado la delegación de facultades en este tema, y que vuelva a ser el Congreso quien establezca aranceles y derechos de exportación, tal como lo indica la Constitución. “Exigimos que se cumpla el final de estos tributos en diciembre de 2020 como plazo máximo”.
“Los derechos de exportación son un mal impuesto, no tienen en cuenta la rentabilidad de los productores, desincentivan la inversión y reducen la competitividad de las exportaciones, por lo que impulsamos su eliminación para todos los productos”. Debe evitarse que diferentes eslabones o sectores privados subsidien unos a otros, mediante transferencias generadas por los derechos de exportación diferenciados.
En otro punto, destacaron “es imperioso reducir la presión fiscal aumentando la base de contribuyentes, permitiendo así aliviar la carga para todos”. El incumplimiento de las normas genera competencia desleal y, por ende, atenta contra la rentabilidad de los productores y contra el buen funcionamiento de los mercados.
También, un apartado reclamando que “muchas de nuestras economías regionales llevan años en crisis, pero todas tienen un gran potencial, para la inversión en el interior, el aumento del empleo y el arraigo rural”. Son necesarias políticas públicas acordes, que se mantengan en el tiempo.
Cada producción regional presenta necesidades específicas, pero todas ellas necesitan atención. Proponemos crear nuevas herramientas de gestión mejoradas, direccionadas a las distintas realidades y escalas.
“Se requiere en las economías regionales disponer de información de mercado amplia, oportuna, accesible y confiable respecto de situación de oferta, pronósticos de cosecha, estimaciones de calidad y rinde, situación de la demanda, precios de insumos. Destacamos la necesidad contar con precios de referencia transparentes como herramienta estratégica”.
